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Será un lunes negro para los miles de ciudadanos que tengan que coger un avión mañana. A la quiebra de Spanair se unirá la anunciada huelga de Iberia, que reducirá en un tercio sus trayectos habituales. El cese de operaciones de Spanair ha dejado a 22.700 viajeros en tierra durante este fin de semana, principalmente en El Prat de Barcelona y en Barajas (Madrid). Algo menos de la mitad de los afectados pudieron ser reubicados a lo largo del día en otras aerolíneas, pero el resto tuvo que anular sus viajes o se quedó tirado en las terminales, donde se vivieron escenas de indignación, con pasajeros haciendo colas en los mostradores de la compañía quebrada para reclamar una solución o interponer su queja.
En Euskadi se suspendieron ayer las cuatro salidas y tres llegadas que tenía previstas la compañía catalana. Un total de 561 pasajeros se vieron afectados por la supresión de los vuelos, aunque la mayoría pudieron ser recolocados en otros operadores tras la compra de un nuevo billete a 'tarifa de rescate'. Los turistas del trayecto a Barcelona, el primero de la mañana, viajaron a través de Vueling y los de Madrid lo hicieron con Iberia. La mayor parte de los pasajeros de la ruta a las Islas Canarias lograron un hueco en Air Europa o Iberia, aunque con escala en Madrid.
La jornada de hoy será más complicada en el aeródromo vizcaíno ya que el tráfico es mayor los domingos, al igual que el índice de ocupación de los aviones. La cifra de pasajeros de los 9 vuelos suprimidos supera el millar. Pese a todo, los principales problemas se esperan mañana, porque a las consecuencias de la repentina desaparición de la corporación coparticipada por la Generalitat hay que sumar la convocatoria de huelga de Iberia.
En concreto, a la cancelación de la media docena de salidas previstas hacia la capital por Spanair este lunes, habrá que añadir la anulación de tres de los cuatro vuelos que normalmente despegan desde Bilbao el primer día de la semana, según indicaron fuentes del aeropuerto. El adelanto de la apertura de la ruta a Madrid desde Bilbao por la compañía Easyjet -que ha sacado a la venta 230 plazas en dos vuelos de Bilbao a Madrid- supondrá el único balón de oxígeno para los cientos de pasajeros que tenían previsto su desplazamiento mañana a la capital. Renfe también ha previsto una mayor ocupación de sus convoyes.
El 85%, en Barajas y El Prat
De los 22.700 pasajeros que se han quedado en tierra este fin de semana por la quiebra de la compañía, un 85% de ellos volaban desde los aeropuertos de El Prat, en Barcelona, y Barajas, en Madrid, las dos terminales donde se concentra la mayor parte de las operaciones de la aerolínea. El resto de aeródromos afectados por los cerca de 380 vuelos anulados este fin de semana son los de Valencia, Canarias y Mallorca, además del de Loiu.
Aunque la compañía hablaba de «calma» generalizada en las terminales, el día después de desatarse la crisis aérea transcurrió entre nervios, incertidumbre y la indignación de los viajeros que tenían contratado un billete para volar ayer. «Es una vergüenza lo que han hecho con los pasajeros. Nos han dejado colgados y no nos dan ninguna solución», se quejaba una viajera en El Prat.
Decenas de personas se agolpaban también en los mostradores de la aerolínea en Barajas para exigir una solución. Maitane, que debía viajar a Bilbao y se enteró «por la radio» de la supresión de su vuelo, censuró a Spanair por no avisar a sus clientes con más tiempo. «Han vendido billetes hasta las cinco de la tarde del viernes, poco antes de declarar la quiebra. Es indignante, la única salida que nos ofrecen es rellenar una hoja de reclamación y que paguemos los billetes de compañías que ofrecen tarifas de rescate», se lamentaba.
Spanair alcanzó un acuerdo con Iberia, Air Berlin y Vueling para vender trayectos con precios especiales, por 60, 90 o 100 euros. Esas aerolíneas lograron atender a cerca de la mitad de los viajeros que se quedaron sin vuelo de la noche a la mañana.
Los aeropuertos canarios fueron de los más perjudicados. Se suspendieron una veintena de vuelos con 1.400 pasajeros. El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, adelantó ayer que estaba dispuesto a pedir «la declaración de obligación de servicio público para las uniones entre la península y el archipiélago».