Los
dos líderes de la coalición británica, David
Cameron y Nick
Clegg,
han comparecido de forma conjunta este jueves ante la prensa para
subrayar la importancia que le dan a la legislación de urgencia que
había aprobado poco antes el Gabinete. Se trata de la propuesta de
ley urgente para la Retención de Datos y Poderes de Investigación
con la que Londres quiere cubrir el vacío legal creado por una
sentencia de abril pasado del Tribunal de Luxemburgo que
declaraba ilegal la directiva en
la se apoyan varios Gobiernos europeos para obligar a los operadores
de telecomunicaciones a retener durante al menos 12 meses
determinados datos de sus clientes.
Se
trata de los llamados metadatos, es decir, el detalle de cuándo,
dónde y con quién se comunicaron sus clientes, aunque sin acceder
al contenido de esas comunicaciones. El tribunal declaró ilegal la
directiva porque no respetaba determinados derechos a la privacidad,
pero no invalidaba el principio mismo de obligar a los operadores de
telecomunicaciones a conservar esos datos por si en algún momento
son necesarios para combatir actividades criminales.
En
paralelo, el Gobierno presentará también nuevas medidas para
“clarificar”, sobre todo ante las compañías extranjeras que
operan en el mercado británico, las condiciones en las que han de
acceder a la petición firmada por un ministro del Gobierno para
poder interceptar las comunicaciones de sus clientes.
Frente
a quienes critican que la nueva ley va a ser aprobada sin el
detallado escrutinio al que se someten habitualmente las propuestas
legislativas, Cameron y Clegg, al igual que hizo minutos después la
ministra del Interior, Theresa May, en los Comunes, explicaron que es
imprescindible que la propuesta sea aprobada antes del parón
veraniego del Parlamento para asegurarse de que las empresas no
empiecen a destruir, si así lo deciden, los metadatos que no
retendrían si no estuvieran obligadas a ello o si no tienen razones
comerciales para mantenerlos.
Como
muestra de que se trata de una medida excepcional que no intenta
introducir nuevos poderes sino mantener el statu quo, la nueva ley
solo estará en vigor hasta finales de 2016, lo que obligará al
Parlamento que salga de las elecciones de 2015 a elaborar una nueva
legislación después de un debate político más amplio. El hecho de
que la propuesta de urgencia tenga el apoyo de los tres grandes
partidos y de que haya sido presentada por Cameron y Clegg al alimón
dan una idea de la importancia que la clase política británica en
su conjunto quiere dar al asunto. El Partido Laborista respalda la
medida, según han anunciado el líder
de la formación, Ed Miliband,
y la responsable de Interior del mismo, Yvette Cooper, en una carta a
los diputados.
La
presencia del líder liberal-demócrata es especialmente
significativa porque su partido se opone a la ampliación de poderes
en la materia que propusieron meses atrás los conservadores.
“Sabemos que las consecuencias de no actuar serían serias, pero
esa urgencia no va a ser utilizada como excusa para dar más poderes
o para crear una ‘cédula para fisgonear”, declaró Clegg. “Pero
libertad y seguridad han de ir de la mano. No podemos disfrutar de
nuestra libertad si no somos capaces de mantener nuestra seguridad”,
añadió el líder liberal-demócrata y número dos de la coalición.
Antes,
Cameron se había apoyado en la situación que se da en Irak y en
Siria para justificar que “no es el momento de reducir nuestra
capacidad para mantener segura a nuestra gente”. “La capacidad de
acceder a la información sobre comunicaciones de individuos
peligrosos es esencial en la lucha contra la amenaza de criminales y
terroristas que tienen sus objetivos en Reino Unido”, añadió.
Y
puso como ejemplo el papel jugado por el rastreo de esos datos para
detener a los asesinos del niño Rhys Jones en Liverpool en 2007, una
red de explotación de adolescentes en Rochdale en 2012, la
desarticulación de una banda de tráfico de drogas que operaba en
gran parte del país, otra banda que estafaba a ancianos o el papel
que han jugado para localizar y rescatar a gente que estaba en
peligro. El Downing Street enfatizó la importancia de los metadatos
explicando que han permitido que a partir de 371 sospechosos de
abusos sexuales se hayan abierto 240 investigaciones que han llevado
a 121 arrestos o condenas, mientras que en Alemania, donde las
empresas no están obligadas a conservar esos datos, solo se ha
podido investigar a siete de los 377 sospechosos identificados.