Las denuncias presentadas ante la Audiencia Nacional hablan de crímenes contra la humanidad. Los testimonios ante la Sala Penal sirven para reforzar la estrategia de defensa del juez suspendido.
La tercera sesión del juicio público que se celebró ayer en el Tribunal Supremo contra el juez suspendido Baltasar Garzón por la Memoria Histórica siguió por los mismos derroteros de la jornada anterior. Esto es, con la declaración de varios testigos, propuestos por el juez, que avalan su investigación como la “única” vía para reparar los daños causados por el franquismo. Ahora bien, la expectación mediática ha disminuido bastante tanto en el público que asiste dentro de la Sala Penal como en los incondicionales del juez que se concentran a las puertas del Alto Tribunal.
El primer testigo en declarar ayer fue Josefina Musulén Giménez, representante de la Asociación de Memoria Histórica de Aragón. Musulén explicó a la Sala Penal que su asociación presentó denuncia ante la Audiencia Nacional en diciembre de 2006.
Ante las preguntas del abogado del juez Gonzalo Martínez-Fresneda, la testigo respondió que esta fue la primera denuncia que presentaron por las desapariciones, ejecuciones ilegales y asesinatos que ocurrieron durante la Guerra Civil. Es más, si no lo hicieron antes fue porque las asociaciones de Memoria Histórica no nacieron hasta entrado el siglo XXI. La razón no era otra que la generación de “los nietos” fue la que comenzó a moverse para obtener “justicia y reparación” para sus abuelos y sus padres.
Martínez-Fresneda, fiel a su guión de preguntas para exculpar a Garzón, volvió a insistir a la testigo en cuál fue la razón para acudir a la Audiencia Nacional. “Presentamos una denuncia penal porque era la única opción para que los hechos se investigaran”, resaltó Musulén. A continuación, y al igual que el día anterior, la testigo narró su historia personal durante los años del franquismo. Así, el día 13 de agosto de 1936 un falangista se llevó de su casa en un pueblo de Aragón a su abuelo, que era de la CNT, y a su abuela, que se encontraba en avanzado estado de gestación. Más tarde, su tío fue a preguntar por su hermana al cuartel, ya que se decía que a las embarazadas no las fusilaban, pero le dijeron que “en el tiro de gracia le habían reventado la tripa”, explicó a los siete magistrados que componen el tribunal.
Varios años después, una vez muerto Franco, la familia de Musulén se enteró por otras personas que vivieron los hechos de que su abuela había dado a luz una niña sana. “Mi padre se enteró de que había tenido una hermana y llevamos 33 años buscándola”. No hay piedra en Zaragoza que haya podido ser levantada para encontrar un dato que no hayamos levantado”, subrayó. Unos testimonios que volvieron a sensibilizar al público que asiste a la vista oral.
Lista preconcebida
La segunda testigo en prestar declaración fue María Antonia Oliver París, de la asociación Memoria Histórica Mallorca, que también firmó una denuncia presentada en la Audiencia Nacional en diciembre de 2006. “Soy nieta de una persona desaparecida en la Guerra Civil”, contestó al abogado de Garzón.
En resumen, los hechos que motivaron la denuncia, apuntó, fueron las desapariciones forzosas, los asesinatos y ejecuciones que comenzaron con una lista preconcebida tras la represión civil que hubo en Mallorca. “Se habla de unas 3.000 personas asesinadas”, resaltó.
La asociación de Memoria de Mallorca se constituyó en 2006, y según Oliver fue a partir de esa fecha cuando comenzaron a trabajar con juristas e historiadores. Desde ese momento nos dimos cuenta de que “teníamos el deber de denunciar”. Nuestros abogados nos aconsejaron que presentáramos una denuncia en la Audiencia Nacional “porque nos llenó de esperanza que ya se estaban investigando crímenes similares de lesa humanidad, los de Argentina y Chile”. Un hecho que nos reconfortó mucho.
Cerrar las heridas
Para no salirse del guión establecido por la defensa de Garzón, la testigo Oliver contó su tragedia personal durante el franquismo. “Mi abuela murió y cerró sus heridas con la muerte, quiero que mi madre, que tiene 87 años, las cierre antes de morir con la verdad y la reparación”, subrayó con una voz contundente. También señaló que cuando sus familiares iban a preguntar por el paradero de su abuelo las autoridades les decía que “los rojos son unos cobardes “ y seguramente habrían huido de la isla o “abandonado por otra mujer”.
La tercera testigo, Amparo Salvador Villanova, no pudo comparecer ante la Sala Penal. El abogado Martínez-Fresneda presentó el correspondiente justificante médico.
Así las cosas, el presidente del tribunal, Carlos Granados, dio por terminada la sesión de la vista oral con las declaraciones de los testigos citados anteriormente. El juicio volverá a reanudarse el próximo lunes a las 10.30 con más testimonios.
