El Parlamento de Cataluña aprobó ayer la creación de dos nuevas tasas (una gravará las pernoctaciones hoteleras y otra, la compra de fármacos), las cuales permitirán mejorar los ingresos de la Generalitat, obligada a cerrar 2012 con un 1,5 por ciento de déficit al igual que el resto de autonomías. CiU logró sacar adelante la Ley de Medidas Fiscales y Financieras –también conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos– gracias a la abstención del PP, que exigió la moderación de estos dos nuevos impuestos para dar su apoyo a las cuentas de este año.
El copago farmacéutico se aplicará a partir del 1 de julio y obligará a todos los catalanes a abonar un euro extra por cada medicamento que adquieran. Sólo quedarán exentos los beneficiarios de la renta mínima de inserción y los que reciben una pensión no contributiva. Tampoco se cobrará el euro en los fármacos con un coste inferior a 1,67 euros. La tasa turística, por su parte, entrará en vigor a partir del 1 de noviembre –una vez pasada la temporada turística– y se aplicará de la siguiente manera: en hoteles 5 estrellas, gran lujo y cruceros se cobrarán 2,5 euros por noche; en los de 4 estrellas la tasa por pernoctación será de 1,25 euros en Barcelona y de 1 euro en el resto de Cataluña. Para el resto de establecimientos, se ha fijado una tasa de 0,75 euros por noche en Barcelona y de 0,5 euros en el resto de Cataluña.
El PP se felicitó por haber logrado retrasar la aplicación de estas medidas y por haber logrado rebajas muy significativas respecto a las pretensiones iniciales del Gobierno de Artur Mas. Pero sobre todo, los populares destacaron la «responsabilidad» con la que ha actuado su grupo para sacar adelante los Presupuestos de este año.
La Ley de Acompañamiento introduce otros incrementos impositivos. El más polémico, sin duda, es el del canon del agua, que subirá un 3 por ciento para consumos básicos y un 12 para los excesivos. Las empresas suministradoras denuncian la inconstitucionalidad del nuevo canon porque supone «una duplicidad del gravamen por un mismo volumen de agua», ya que los usuarios domésticos y las industrias ya pagan este canon y ahora se pretende imponer también a las distribuidoras.
Finalmente, el proyecto aprobado también incluye varios recortes sobre el personal de la función pública.
