
La vicepresidente primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno ha aprobado un real decreto que modifica la norma para la designación del presidente de RTVE. Hasta ahora, según la Ley de RTVE de 2006 era necesario el consenso entre PP y PSOE, ya que se necesitaba la mayoría de dos tercios del Congreso. A partir de ahora, en un primera votación seguirá siendo necesario ese quorum, pero que en una segunda votación bastará con la mayoría absoluta.
Esta decisión, justificada por al vicepresidenta ante "la situación de bloqueo que sufre RTVE", supone de hecho que el PP puede nombrar un nuevo presidente sin contar con otros grupos políticos, ya que cuenta con mayoría suficiente en el Congreso. Es decir, ya no es condición indispensable el consenso. "No tiene posibilidad de presentar ni aprobar sus cuentas anuales", señaló la vicepresidente en referencia a RTVE, y tiene "serias dificultades para cumplir con el programa de ajuste" impuesto por Hacienda.
En este sentido, ha subrayado que el Gobierno entiende que es un momento para que RTVE haga un "esfuerzo de austeridad" y había que "proceder cuanto antes" para el "desbloqueo" del nombramiento del presidente.
Según está establecido en la Ley 17/2006 de 5 de junio, en su artículo 11, punto 4, se recoge: "El Congreso de los Diputados designará, de entre los doce consejeros electos, al que desempeñará el cargo de Presidente de la Corporación RTVE y del Consejo. Tal designación requerirá una mayoría de dos tercios de la Cámara". Esta norma fue aprobada por el Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero.
Es cierto que en la disposición transitoria cuarta de la Ley 17/2006 se recoge: "En la primera designación de los consejeros y del presidente de la Corporación RTVE, si transcurridos dos meses desde la primera votación en cada Cámara no se alcanzare la mayoría que prevén los artículos 11.3 y 11.4, el Congreso podrá designar por mayoría absoluta a los doce consejeros y al presidente". La diferencia es que esta disposición hablaba de la elección del primer presidente y los primeros consejeros, y ahora la mayoría absoluta se aplicará en cualquier caso.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha defendido que la elección de la cúpula de RTVE seguirá siendo "parlamentaria" y ha añadido que la Ley de 2006 ya incluía una disposición transitoria similar a la cláusula introducida ahora, en referencia a la mencionada anteriormente.
Con el cambio de norma, serían necesarios los dos tercios del Congreso en una primera votación, pero si se logra este respaldo, se decidirá en una segunda votación por mayoría absoluta, sin necesidad de esperar dos meses.
Asimismo, Sáenz de Santamaría ha anunciado que el consejo de administración de RTVE reduce su número de miembros de 12 a 9 y que "no tendrán dedicación exclusiva". Además, sólo cobrarán dietas por su asistencia al consejo y no un sueldo fijo. Actualmente, el consejo de RTVE estaba compuesto por 12 miembros, de los que sólo quedan 9 de su puesto, y que cobraban en torno a 110.000 euros al año. Sólo tendrá dedicación exclusiva el presidente.
Privatización de las cadenas autonómicas
Asimismo, este viernes el Gobierno también ha aprobado un proyecto de ley que permite que las comunidades autónomas decidan si mantienen una televisión pública en su región o no.
En el caso de que se apueste por seguir contando con ella, será necesario elegir entre sacarla a concurso y privazarla o mantener en sus manos la gestión que, en cualquier caso, deberá equilibrar ingresos y gastos, de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
La norma, que se tramitará por procedimiento de urgencia, permitirá a las comunidades que, si no mantienen sus televisiones autonómicas, saquen a concurso las frecuencias de las mismas, según lo explicado por Sáenz de Santamaría, informa Efe.
La vicepresidenta aseguró que se trata de una "importante medida de austeridad al servicio de las comunidades autónomas", dado que flexibiliza el modo de gestión de sus televisiones.
La nueva norma, ha añadido, amplía la capacidad de gestión y decisión de las comunidades en su marco de autogobierno para decidir cómo prestan la actividad de televisión autonómica.
El proyecto de ley aprobado hoy es el resultado de un anteproyecto de ley que el Ejecutivo remitió a distintos órganos consultivos y de los informes elaborados por éstos sobre las televisiones autonómicas.