Frenazo en seco a la investigación judicial de la cacería de elefantes del rey en Botsuana. La Fiscalía Anticorrupción no estudiará si el monarca pudo cometer un presunto delito de cohecho pasivo impropio por haber aceptado que el empresario saudí Mohamed Eyad Kayali pagara los gastos del viaje que sólo trascendió porque acabó con el jefe del Estado en el hospital, operado de urgencia por una fractura de su cadera derecha.La denuncia había sido elaborada por el letrado José Luis Escobar e impulsada por el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional (MCRC) y tomaba como base la doctrina utilizada por el Tribunal Supremo en el caso de los trajes que puso en el banquillo al expresident valenciano Francisco Camps. Entonces, el Alto Tribunal rubricó que una autoridad puede cometer el delito de cohecho impropio si recibe dádivas por razón de su cargo, sin que haga falta una contraprestación a cambio. El escrito apuntaba que ese era el caso: Kayali obsequió al rey con ese safari de lujo por ser quien era, la primera cabeza del Estado. El escrito intentaba sortear también el escollo más difícil: la consagración que la Constitución hace del monarca como persona inviolable (artículo 56. 3). ¿Cómo? Apuntando que el rey sólo goza de inmunidad cuando ejerce como jefe del Estado, pues sus actos son refrendados por el Gobierno. Pero aquellos que conciernen a su vida privada no estaban protegidos, y por tanto podía perseguírsele penalmente si se observaba delito.
