El ex presidente del Congreso y uno de los 'padres' de
la Constitución,
Gregorio Peces-Barba, ha fallecido a los 74 años. El catedrático estaba
ingresado desde la semana pasada en el hospital universitario Central de
Asturias con una insuficiencia renal complicada con otra cardíaca.
Peces-Barba se encontraba de vacaciones en Ribadasella
cuando fue trasladado al hospital el pasado 16 de julio, donde ha permanecido
con pronóstico reservado hasta su fallecimiento.
Peces-Barba ha tenido una larga trayectoria política en el
PSOE y también en la universidad, especialmente en su etapa como rector de la Universidad Carlos
III de Madrid.
Tras la muerte de Francisco Franco fue elegido diputado por
las Cortes de Valladolid, lo que le llevó a redactar junto a otros seis
'padres' más (Jordi Solé Turá, Miquel Roca, José Pedro Pérez-Llorca, Miguel
Herrero de Miñón, Manuel Fraga Iribarne y Gabriel Cisneros) el anteproyecto de
Constitución en 1978.
Tras las elecciones generales de 1982, en las que el PSOE
obtuvo la mayoría absoluta, el jurista fue elegido presidente del Congreso con
338 votos a favor y ninguno en contra. Después de esta etapa, que se prolongó
cuatro años, abandonó las Cortes y se dedicó a la enseñanza.
Años más tarde, Peces-Barba definió aquella legislatura como
una "auténtica revolución", en la que "se pusieron en marcha
instituciones como el Defensor del Pueblo, se culminó el proceso autonómico y
se colocó en su sitio a la
Fuerzas Armadas".
En 1989, fue nombrado presidente de la Comisión Gestora
de la Universidad
Carlos III de Madrid, que se pusó en marcha un año después y
que ya cuenta con 40 titulaciones. Desde entonces, ocupó el puesto de rector y
fue sucedido en 2007 por el estadista Daniel Peña.
Su papel como alto Comisionado
En 2004, fue nombrado alto comisionado para la Atención a las Víctimas
del Terrorismo, coincidiendo con el retorno al poder del PSOE, aunque su
función, lejos de resultar sencilla, desató las críticas de la Asociación de Víctimas
del Terrorismo (AVT).
Según dijo, su relación con la asociación se resintió
después de su segunda reunión con José Alcáraz, ex presidente del colectivo,
quien se oponía frontalmente a las negociaciones entre el Gobierno y los
terroristas de ETA para terminar con la banda a través del diálogo.
"Hablamos del fin de la violencia, y yo dije que en
ningún caso el Estado podría permitir que los condenados por delitos de sangre
salieran a la calle, pero en relación con los demás, les dije: 'Ustedes tendrán
que pensar que es lo que procede", añadió.
La conversación se difundió y fue entonces cuando diversos
sectores de la vida pública pidieron su dimisión. "Comprendí que ese señor
[José Alcaraz] no era un interlocutor posible. Y luego me dijeron que grababa
las conversaciones, un estilo poco adecuado", precisó.
En febrero de 2006, anunció su marcha para después del
verano, después de encauzar el Alto Comisionado, orientar los "principales
problemas de las víctimas" y preparar una nueva Ley de Solidaridad.
"Yo no estaba para hacer una gestión ordinaria", admitió el jurista.
Sin embargo, después de su marcha, el Gobierno socialista
eliminó el cargo de alto comisionado e integró sus competencias en la Dirección General
para Víctimas del Terrorismo. Desde entonces, y hasta 2007, el jurista se
dedicó a su labor como rector de la
UC3M.
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