A medida que se acerca la fecha de la huelga, el tono de la confrontación social se recrudece. Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, aprovecharon ayer una convención de delegados sindicales en Santiago para acusar el PP de usar su poder político en las comunidades con el objetivo de bloquear acuerdos sobre servicios mínimos y cercenar, de este modo, el derecho a la huelga.
Además de recurrir el decreto de servicios aprobado por la Xunta, Comisiones Obreras en Galicia estudia incluso otras acciones legales al entender que la Administración gallega, convocatoria tras convocatoria, aplica unos servicios mínimos abusivos, tal y como luego acreditan sentencias judiciales. Según Sánchez Aguión, secretario xeral de CC.?OO. en Galicia, se estaría incurriendo en prevaricación, al dictarse resoluciones injustas a sabiendas.
«Algunas personas solo se acuerdan del derecho al trabajo cuando hay proceso de huelga, el resto del año no», ironizó ayer Ignacio Fernández Toxo. Cándido Méndez recordó en Santiago que estamos ante la reforma más regresiva de la democracia, lo que augura un largo conflicto social que no parará tras el 29-M. Los líderes hacían estas declaraciones al mismo tiempo que sus organizaciones rechazaban en Madrid la propuesta de servicios mínimos hecha por Fomento para transporte y comunicaciones.
También en Santiago, el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, y su líder parlamentaria, Ana Pontón, anunciaban que todos los cargos públicos del frente irán a la huelga y pedirán que se les descuenten las retribuciones de esa jornada en protesta por una reforma que solo generará más paro.
Las centrales rechazan la propuesta de Fomento para
el transporte
