La reforma financiera que impone a las entidades llevar a cabo provisiones por el 'ladrillo' sano salió adelante en el Congreso con el voto del PP y la abstención del PSOE y de Convergencia i Unió. El Gobierno y el partido que le sustenta accedieron a que la norma, ratificada en primera instancia sin cambios, por tratarse de un decreto-ley, se pueda modificar durante su tramitación parlamentaria como proyecto de ley. Por esta vía, el grupo socialista podrá ver cumplidas las exigencias que impuso para no desmarcarse por completo. Con el rescate de las entidades «no se va a perder ni un euro público», y se favorecerá que el crédito fluya a empresas y familias, sin dejar al pairo a quienes depositaron sus ahorros en participaciones preferentes sin conocer donde colocaban su dinero.Había otra razón poderosa para tramitar la reforma como proyecto de ley. Los requerimientos planteados -28.000 millones en total, que se suman a los 54.000 millones ya exigidos en febrero para los préstamos considerado problemáticos- ya se han quedado cortos. En primer término, porque Bankia acaba de pedir una inyección de capital público adicional de 19.000 millones de euros sobre la base de unas exigencias de saneamiento muy superiores a las que supondría la aplicación directa del real decreto.
Por añadidura, se ha encargado a dos firmas evaluadoras independientes que sometan a pruebas de resistencia en escenarios adversos a todas las entidades de crédito. De este examen, y los posteriores análisis pormenoriados de los balances que llevarán a cabo otras tres o cuatro auditoras, podrían aflorar nuevas necesidades, relativas a la futura morosidad o fallidos de las hipotecas y las pymes.
De Guindos admitió esa posibilidad. Ante las dudas que le formularon los parlamentarios sobre si el importe ahora aprobado será suficiente, el ministro reconoció que en el plazo de un mes se conocerán las necesidades de la banca española, si bien no será hasta finales de julio cuando concluya la auditoría del conjunto de las entidades. Evocó también que tan pronto como el próximo 11 de junio publicará el Fondo Monetario Internacional las conclusiones de un pormenorizado estudio sobre el sistema financiero, del que ya se han filtrado opiniones consideradas, con carácter general, favorables.
Como consecuencia de la flexibilización introducida en el debate, el decreto ley de saneamiento de los activos inmobiliarios de la banca fue convalidado en el Congreso tras recibir 178 votos a favor de PP, Coalición Canaria y UPN. Se produjeron 123 abstenciones de PSOE y CiU y hubo 28 votos en contra. La tramitación del texto como proyecto de ley resultó aprobada por unanimidad.
Entre las opiniones opuestas a la ratificación del decreto, los portavoces abundaron en los argumentos de la desconfianza. Sugirieron, entre otras cosas, que el propio Gobierno no se fía del Banco de España, cuando encarga a firmas extranjeras un análisis específico para contrastar con la supervisión del instituto emisor. También incidieron en el desconcierto que han causado las cuentas de BFA-Bankia, donde las necesidades de capitalización se han multiplicado de un día para otro. Y censuraron la asignación de recursos públicos para el rescate de un banco, mientras se recortan los fondos para el gasto en sanidad o educación.
