El Gobierno ya dejó claro que no hay mucho margen para modificaciones sustanciales. Y Mariano Rajoy desestimó ayer -en la primera sesión de control a la que se sometió en el Senado- el análisis que hacen el PSOE y los sindicatos de que la nueva ley, que supone un cambio radical del sistema, vaya a provocar la destrucción de más puestos de trabajo. «No pueden olvidar ustedes -contraatacó- que en los últimos años ha habido 3,5 millones de despidos en España; no es razonable hablar de despidos, lo razonable es tomar medidas». Los socialistas sostienen que cosas como el nuevo contrato indefinido de un año de prueba con despido gratuito o la posibilidad de que el empresario modifique las condiciones de trabajo de sus empleados provocarán indefensión. Pero el Gobierno insiste en defender que se gana en flexibilidad.
Los reproches del PP no han hecho ni la más mínima mella en la decisión del PSOE de sumarse a las movilizaciones del 11-M. La cita está cargada de polémica e incluso en el partido hay quien cree que la fecha es desafortunada. «Vamos a hacer una oposición constructiva pero también contundente cuando se superen las líneas rojas», advirtió en el Senado el portavoz, Marcelino Iglesias, en su primer cara a cara con Rajoy. Los socialistas insisten en que, como está planteado, el decreto que será convalidado mañana por el Congreso contraviene la Constitución. «Es una ley -remarcó- para el despido libre y gratuito».
«En España la única solución frente a los problemas ha sido durante mucho tiempo el despido; ahora -alegó Rajoy- hay alternativas. Ustedes se limitaron a hacer una reforma que lo único que hizo fue fijar la posibilidad de concatenar contratos temporales para siempre y no es de recibo que ahora quieran impedir lo que es necesario».
La petición socialista de retirar el decreto fue llevada al Congreso ayer. Y allí, durante su debate y su posterior votación, quedó perfectamente dibujado el mapa parlamentario. No hay unidad plena entre el PSOE y las demás fuerzas progresistas. Todos hacen por diferenciarse, pese a compartir el rechazo -al que se sumó el PNV-. El Gobierno sí cuenta con CiU, que «discrepa de visiones apocalípticas», según Carles Campuzano.
