En medio de aplausos y cánticos, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunció el lunes el envío de un proyecto legislativo para proceder a expropiar buena parte de la porción accionaria de la española Repsol en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y con ello tomar control de esta última petrolera.
La reacción española no se hizo esperar. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, calificó la decisión tomada por la presidenta argentina de "hostil" y "discriminatoria".
Sin embargo, no hay evidencia hasta el momento de que las advertencias españolas hayan generado un cambio de posición argentina.
Debido a que el oficialismo tiene la mayoría tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, se da como un hecho la aprobación parlamentaria en Buenos Aires.
El proyecto pretende que el Estado tenga 51% de YPF en detrimento del accionista mayoritario, Repsol.
Pero para proceder a la expropiación, tal y como exige la legislación vigente, se declaró el patrimonio a expropiar como de "utilidad pública". Y este sería un aspecto quizás más crucial que la misma expropiación.
"Al declararlo de utilidad pública, deja de manejarse (la empresa) como un bien privado o de mercado porque ante todo está la necesidad del país", señaló en la televisora del Estado el analista de temas energéticos Raúl Dellatorre.
Varios analistas en el sector energético, que prefirieron no ser identificados, comentaron a BBC Mundo que la medida puede servir como precedente para que el Estado empiece a tener un rol preponderante en el sector de hidrocarburos argentino a raíz de lo que parece una medida puntual de expropiación.
"De hecho, a raíz de esto pueden empezar a surgir propuestas de que se haga lo mismo con las otras empresas extranjeras en el país –como Chevron, Petrobras, entre otras- ya que en el fondo es el petróleo la utilidad pública y no YPF", señaló el consultor en temas de petróleo, Eduardo Fernández.
