Las dudas de Bruselas, del FMI y de los mercados sobre el sistema financiero español han pesado más que la presión ejercida durante las últimas horas por la gran banca sobre el Gobierno para intentar frenar los nuevos requerimientos de solvencia que hoy tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros, tal y como avanzó el pasado miércoles el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Economía tenía todavía ayer varias alternativas sobre la mesa para dar contenido a la segunda reforma financiera firmada por el ministro De Guindos en menos de tres meses. La existencia de varios borradores, ninguno de ellos definitivo, a pocas horas de su pretendida entrada en vigor, provocó que el malestar existente en la élite bancaria se hiciera escuchar en las altas estancias del Gobierno con el objeto de intentar retrasar el decreto de nuevas provisiones inmobiliarias al menos hasta el próximo viernes, 18 de mayo, alegando que «es una reforma precipitada y todavía muy verde».
«Tiene que ser un plan global, serio, riguroso, con medidas creíbles y fuertes», afirmaron fuentes financieras, que criticaron el grado de exigencia de entre 35.000 y 40.000 millones de euros de nuevas provisiones (después de que en febrero impusiera 54.0000 millones de saneamiento) contemplado en alguno de los borradores que circulaban ayer por los despachos. «Si el Gobierno quiere meter una presión excesiva va a acabar llevando al sector a pérdidas, que es lo contrario que tiene que hacer para que fluya el crédito», advirtieron fuentes financieras, que se mostraron especialmente críticas con el tratamiento indiscriminado de la medida que planeta el Gobierno. «No distingue a los que lo hacen bien de los que lo han hecho mal. Esto provocará pérdidas a varias entidades, que estarán abocadas a vender activos o fusionarse», afirmaron.
