Se acabó la aventura de Rodrigo Rato en Bankia. Se marcha el que, aupado por el anterior Ejecutivo socialista y con el beneplácito de los populares, echó a andar la cuarta entidad financiera del país. Rato se esforzó hasta el último instante en asegurar que Bankia no era el agujero negro del sistema financiero de España. Pero la decisión del Gobierno de ejecutar un rescate controlado en la entidad ha terminado por dar un carpetazo a su mandato. La intención de Mariano Rajoy es la de finiquitar la irresoluta reestructuración del sistema y a disipar las dudas que sobre éste perviven en los mercados. Para ello inyectará entre 7.000 y 10.000 millones de euros en la empresa e impondrá "cambios en la estructura", como confirmaron desde el Ministerio de Economía.
Rato se va como una especie de daño colateral de una crisis, la financiera, que mantiene la prima de riesgo española en unos niveles prohibitivos. El presidente saliente de la compañía financiera hizo pública su decisión a través de un comunicado difundido por Bankia, en el que no aparece en ningún momento una referencia expresa a la palabra "renuncia" o a los motivos de ésta.
En su carta de despedida, Rodrigo Rato propone la designación como consejero y presidente de José Ignacio Goirigolzarri, exnúmero dos del BBVA. El banquero se prejubiló de la entidad que preside el gallego Francisco González en 2009 tras pactar una pensión de tres millones de euros al año. Su salida del BBVA se produjo tras la decisión de González de no jubilarse tras elevar a 70 años la edad máxima para ser presidente del banco.
"Riesgo sistémico"Fuentes financieras consultadas por FARO aseguran que la decisión del Gobierno central "hay que entenderla dentro de un contexto muy complejo". Bankia tiene 300.000 millones de euros en activos, y una exposición al ladrillo de más de 32.000 millones. El llamado decreto Guindos, que obliga a las entidades a rebajar de forma drástica el valor de sus inmuebles, obliga a Bankia a provisionar 3.396 millones de euros (contra beneficios, no contra capital) para sanear su balance. A mayores, debe aumentar capital en otros 872 millones de euros.
Al tamaño de Bankia, y al esfuerzo que le supone el cumplimiento del decreto de saneamiento, contribuye a considerar la entidad como de "riesgo sistémico", añaden las mismas fuentes. La razón, que es muy grande y con una exposición al ladrillo demasiado elevada. No en vano, la morosidad de los créditos vinculados a la construcción superan sin problemas el 28%, según los datos de la compañía.
El problema era Bankia
La presión sobre Bankia se había incrementado durante las últimas semanas, aunque en el sector siempre la señalaron como el "gran problema" de la reestructuración financiera. El Fondo Monetario Internacional (FMI) mencionó la entidad –indirectamente– en su informe sobre la banca española: "Tres entidades están en proceso de subasta y otras dos han remitido sus planes para cumplir con el saneamiento [...] Para preservar la estabilidad financiera es crucial que estos bancos, especialmente el más grande, tome medidas decisivas para afianzar su balance".
¿Cómo se ha decidido el Gobierno? La "presión externa ha sido decisiva", apuntan desde el ámbito financeiro, además de la que ha ejercido "la propia banca española". Mariano Rajoy, que hasta la fecha renunciaba a cualquier posibilidad de inyectar dinero público en los bancos, dejó ayer la puerta abierta a hacerlo. "Mi última intención y lo último que haría sería inyectar dinero público, pero si eso fuera necesario, yo no renunciaría como han hecho otros países europeos, pero sería solo en última instancia", subrayó el presidente español.
El método que ha encontrado el Gobierno –y, particularmente, el Ministerio de Economía– es el de los bonos convertibles contingenes (conocidos como CoCos).El FROB aportará entre 7.000 y 10.000 millones de euros, que se canjearán por estos CoCos, para que Bankia pueda sanear su balance. Se trata de un préstamo al 8%, cuyos intereses se devengan de los resultados. Si, pasados cinco años, la entidad no pudiera devolver el dinero prestado, los CoCos se convertirían en acciones del banco.
Por esto los expertos hablan de esta operación como una "nacionalización a plazo", porque el Estado entrará en el capital. La importancia de esta operación, que debe ser aprobada por Bruselas, radica tanto en la dimensión de Bankia como en el hecho de que esta ayuda no computa como déficit. Sí aumentará la deuda española, como confirma el economista Venancio Salcines. ¿Por qué no es deuda? Porque esos 7.000 millones (o hasta 10.000, no se ha clarificado la cuantía) tendrían un coste para el Estado de en torno al 4 ó 5% –por la prima de riesgo–, pero el interés aplicado a Bankia es mayor. "Como se cobra más de lo que se paga, no computa como déficit para el Estado", indica Salcines.
La solución que se había preparado para otras entidades en problemas –Unnim, CAM, Banco de Valencia o Catalunya Caixa– eran a través del Fondo de Garantía. Pero el de Bankia requería "urgencia". La decisión de Deloitte de no auditar las cuentas de la compañía que presidía Rodrigo Rato desató el "escándalo" y el riesgo para todo el sistema.
De este modo, y en definitiva, la gran banca española y el Estado se reparten la carga de la reestructuración: el Gobierno solventa la crisis de Bankia. La banca, por otra parte, asume el coste de las subastas de Banco de Valencia y Catalunya Caixa.
