Bankia es una de las cuatro principales entidades financieras del país, con unos 10 millones de clientes y unos 400.000 accionistas, que esperan las noticias sobre el futuro del grupo ahora que se ha confirmado la salida de Rodrigo Rato y el Gobierno ultima un plan de saneamiento para garantizar su viabilidad. Aunque con algo de retraso, tanto el Ministerio de Economía como su responsable, Luis de Guindos, han salido al paso de las preocupaciones de los ahorradores asegurando que el grupo "es absolutamente solvente" y que el Ejecutivo dará “todo su apoyo” a los nuevos gestores de Bankia.El apoyo del Gobierno se traduce en una eventual inyección de dinero público que estará entre los 7.000 y los 10.000 millones, aunque todavía no se ha concretado cómo se llevará a cabo. Tampoco se conoce, de momento, cuál será el plan de restructuración que tendrá que llevar a la práctica el nuevo equipo gestor de Bankia, que estará dirigido por el ex consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri. Aquí planteamos algunas de las preguntas que suscita todo el proceso.
¿Puede afectar a los ahorradores?
La respuesta es no. Más bien al contrario. Tras meses sin una decisión definitiva sobre Bankia, la entidad que centra las dudas de los inversores en el exterior y está considerada como la pieza clave para fijar la estrategia de salida de la crisis, el Gobierno se ha decidido a poner dinero público para asegurar su viabilidad. A cambio, ha empezado forzando la salida del que hasta ahora era su presidente, Rodrigo Rato, responsable de pilotar la fusión que dio origen al grupo. Este respaldo financiero del Estado supone una garantía adicional con vistas a garantizar su liquidez en caso de que los depositantes opten por retirar fondos.
En ninguna de las últimas cuatro intervenciones (CCM, Cajasur, CAM y Banco de Valencia) decididas a lo largo de la crisis por el Banco de España, quien es el que tiene las competencias para ello y no el Ministerio de Economía, se han producido problemas para los ahorradores.
La entidad, además, podría recurrir a los 25.000 millones de euros que, según estimaciones de analistas internacionales citadas por el FT ha captado en la barra libre de liquidez del BCE.
Hay que recordar que, en cualquier caso, los depósitos y productos de renta fija contratados establecen una serie de condiciones para recuperar el dinero –la letra pequeña-, que además de la correspondiente penalización por realizar reembolsos antes de tiempo pueden imponer límites a las cantidades de dinero y a los plazos en los que se pueden sacar los fondos.
¿Para qué está el Fondo de Garantía?
En caso de quiebra de una entidad la ley estipula que el Fondo de Garantía de Depósitos, un instrumento financiado por las propias entidades, cubrirá hasta 100.000 euros por ahorrador y banco. Este límite se fijó por el Gobierno tras el colapso de Lehman Brothers para reforzar la confianza en el sistema financiero europeo.
No obstante, tras la decisión tomada en diciembre por el anterior Ejecutivo de que fuera el propio sector quien pagase los rescates, se estipuló que el dinero necesario para ayudar a las entidades con problemas saliese de este fondo, lo que le ha dejado para pocas alegrías. Esta hucha tiene actualmente 2.350 millones de patrimonio (no hay datos públicos), incluyendo las aportaciones de 2011. Cada año se recaudarán unos 2.000 millones. Hasta ahora, el fondo ha pagado los 1.650 millones que se colocaron en CCM; 5.249 millones para la CAM y 953 millones en Unnim. En total, 7.852 millones. También tiene comprometido cubrir el 80% de la posible morosidad que aparezca en sus carteras de créditos, que ascienden a unos 27.000 millones.
¿Qué pasa con los inversores?
Para los clientes de Bankia que han entrado en alguno de sus fondos de inversión, el plan de saneamiento no tendría repercusión en principio, ya que la entidad actúa como intermediaria y depositante de su dinero, que a su vez invierte en el mercado. Aunque puede destinar parte de los fondos a sus propios productos, la legislación establece un máximo para ello. Por este motivo, aunque la decisión del Gobierno no afectaría directamente a los inversores, los usuarios sí podrían verse afectados de forma indirecta por una pérdida de valor derivada del proceso como una caída del precio de la acción.
¿Y con los accionistas?
En este punto, la decisión del Ejecutivo de inyectar fondos públicos en Bankia y, sobre todo, la vía que elija para ello, podría afectar a la cotización de las acciones de la entidad. Según fuentes financieras y en base a lo establecido en el decreto para la restructuración del sector, lo más probable es que la ayuda se realice a través de un préstamo público multimillonario mediante bonos convertibles en acciones (conocidos en términos financieros como cocos). Estos, en caso de que el banco no cumpla y no devuelva el dinero, pueden acabar convirtiéndose a la larga en capital, lo que supondría la entrada del Estado como accionista, algo que no gusta en los mercados de renta variable.
Además, en base a las opciones que están sobre la mesa para el futuro de la entidad, la posibilidad de que se decida fusionar Bankia con su matriz, Banco Financiero y de Ahorro (BFA), donde se agrupan los activos dañados del grupo, diluiría el valor de la acción, provocando un descenso en su precio. Desde que salió a Bolsa en julio de 2011 a un precio de 3,75 euros por título, Bankia ha perdido un 40% de su valor.
¿En qué situación quedan los clientes con preferentes?
Una parte de los inversores en preferentes ya aprovecharon la ventana abierta por Bankia para convertir estas participaciones en acciones. La entidad canjeó mediante esta operación 1.274 millones, aunque las condiciones fijaban que solo recibirían el 100% si permanecían un año sin vender los nuevos títulos. Los que optaron por esta opción, además de acumular fuertes pérdidas por el precio al que se fijó el canje, están en la misma situación que los accionistas: a expensas de la evolución de la cotización y esperando que remonte a medio plazo para recuperar su inversión.
Otra gran parte de inversores en preferentes, sin embargo, siguen sin poder canjearlas. El banco tiene pendientes aún otros 3.000 millones en estos productos.
